En las últimas décadas hemos asistido a la expansión en la tutela jurídica de intereses que exceden lo individual para consagrarse como bienes pertenecientes a la colectividad. Así, el medio ambiente, la cultura, la protección del consumo o el patrimonio histórico, entre otros, se erigen como intereses esenciales que deben ser protegidos a través del Derecho. Pero no basta su reflejo en la norma sustantiva, sino que, para alcanzar su máxima efectividad, el legislador tiene el deber de poner a disposición de los ciudadanos los medios adecuados para su tutela en el proceso, sea civil, penal o contencioso-administrativo. Si hay uno de estos ámbitos que todavía sigue rezagado es, sin duda, el proceso penal, pues mientras en los órdenes civil y contencioso-administrativo las acciones colectivas se encuentran, en mayor o menor medida, reguladas, en el proceso penal nos topamos con una absoluta falta de adaptación a la nueva realidad de los intereses colectivos y difusos, debiendo acudir a las figuras tradicionales que no siempre proporcionan una respuesta adecuada. A partir de tales consideraciones, el objeto del presente trabajo es, en definitiva, llevar a cabo una aproximación a la forma en que tales intereses se protegen en el proceso penal, lo que pasa por examinar, fundamentalmente, los sujetos que pueden intervenir en defensa de los mismos.

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The protection of collective and diffuse rights in the criminal procedure

During the last few decades there has been an expansion in the protection of interests that exceed the individual scope and appear as rights that belong to society. Environment, culture, consumer’s protection or historical heritage, among others, are considered essential interests that deserve legal protection. But its enshrinement in the substantive law is not enough guarantee and, in order to achieve effectiveness, the legislator has the duty to provide individuals with appropriate mechanisms to enforce them in the judicial proceedings, whether it is civil, criminal or administrative. Without any doubt, the criminal procedure lags far behind the others. Whereas collective actions are regulated in civil and administrative law, in criminal procedure there is an absolute lack of adaptation to this new reality and the traditional procedural institutions are not always able to provide a satisfactory solution. On this basis, the aim of this paper is to analyse the way collective and diffuse interests are protected in the criminal procedure, which essentially implies examining the persons that can intervene in the proceedings to defend these interests.