El artículo se centra en la prohibición de utilizar como prueba en el proceso penal los resultados de investigaciones internas, a la vista del deber laboral de rendir cuentas y la libertad de autoincriminación del empleado. Se rememora el dilema del empleado sospechoso, según el cual, en una cooperación entre empresa y Estado, suele verse obligado a declararse culpable so pena de un despido procedente. Partiendo de la problemática de una posible autoincriminación forzada, se plantean distintos argumentos para limitar la utilización en el proceso de las declaraciones autoinculpatorias del empleado. Así se analizan las propuestas de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y la del juicio de ponderación del derecho a un proceso equitativo. Ambas se presentarán como implausibles para la solución del problema, lo que llevará a la necesidad de optar por una tercera posición. Se examina la denominada teoría de la imputación y se detallan sus criterios de aplicación en el ámbito de las investigaciones internas. En suma, el nemo tenetur se aplicará siempre y cuando la obtención de la prueba por el particular sea imputable al Estado. Por último, se concluye que la teoría de la imputación coincide no solo con la jurisprudencia española del caso Falciani, sino que también es la más coherente con el desarrollo dogmático de las prohibiciones probatorias vinculadas a los resultados de las investigaciones corporativas.

This article focuses on the exclusion of evidence obtained as a result of a corporate internal investigation, taking into account the tension between the employee’s duty to report and his right against self-incrimination. That is the dilemma of a suspicious employee as he might be effectively forced by the employer to make incriminating statements under threat of job loss. Concerns motivated therefore by this kind of forced self-incrimination have put forward various arguments to limit the government’s use of those statements in a criminal proceeding. It will then analyze the approaches of the third-party effect of fundamental rights and of the balancing test based on fair trial. Both will be presented as implausible to solve the problem so that a third approach should be considered. Consequently, the paper examines the so-called theory of imputation, detailing its criteria for application in the field of internal investigations. In summary, the freedom from self-incrimination shall always apply when the gathering of the evidence by a private person might be attributable to the government. The article concludes this last approach coincides not only with the Spanish Falciani jurisprudence but is also the most consistent for developing the rules on admissibility of evidence gathered in internal investigations.