Indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. Evolución normativa y aplicación jurisprudencial

Tomando como punto de partida la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo el presente trabajo analiza el régimen jurídico de las ayudas públicas que las víctimas reciben en forma de indemnización a cargo del Estado y la litigiosidad que su aplicación ha generado en los últimas dos décadas. Se parte de la legislación aplicable actualmente y se destacan las principales novedades incorporadas al sistema de ayudas por la nueva Ley 32/1999, en especial, la asunción por parte del Estado del abono íntegro a las víctimas de las indemnizaciones que en concepto de responsabilidad civil y por daños personales se hayan fijado en sentencia penal firme contra los autores materiales de atentados. Para el supuesto de inexistencia de sentencia el Estado asume el pago de las cuantías fijadas en la misma Ley. No obstante, el sistema de ayudas públicas a las víctimas del terrorismo existe desde 1979 y se ha ido modificando y ampliando sucesivamente hasta llegar a la situación actual, por ello se hace necesario hacer una síntesis de la evolución normativa de este sistema de ayudas. En la segunda parte del trabajo se analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha tenido que pronunciarse en dos tipos básicos de demandas presentadas por las víctimas. En primer lugar, aunque en pocas ocasiones, se han presentado demandas por responsabilidad patrimonial de la Administración que el TS ha desestimado con carácter general, y fuera de algunos casos en que se aprecia una clara y grave negligencia de los servicios públicos, apreciando que la condena al Estado por la omisión de medidas de seguridad que hubiesen podido evitar la comisión de un atentado desborda sus posibilidades de actuación. En segundo lugar, se da cuenta de las sentencias generadas por la aplicación del régimen jurídico reglamentario de las indemnizaciones.