La propuesta de Reglamento de normativa común de compraventa europea (CESL) representa la intervención legislativa europea más ambiciosa hasta ahora en el ámbito del Derecho contractual. Para el sistema de Derecho internacional privado de los contratos de consumo el CESL introduce nuevos elementos a través de normas especiales para los supuestos internacionales de consumo y un cambio significativo en el paradigma tradicional seguido por el art. 6 Roma I, que no obstante encuentran justificación en el nivel de protección elevado del consumidor que ofrece el CESL y en los cambios económicos, sociales y tecnológicos que vive Europa. El presente estudio tiene por objeto revisar los términos de aplicabilidad del CESL a los contratos de consumo, prestando especial atención al régimen especial que prevé la propuesta de Reglamento para la selección del instrumento opcional. El análisis permite advertir que la propuesta lanzada no llega a cumplir del todo los objetivos perseguidos, y que algunos aspectos relacionados con su aplicabilidad a los contratos de consumo pueden ser mejorados.

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The Common European Sales Law ´s application to consumer contracts: new challenges for the European Private International Law System

The Common European Sales Law Draft Regulation (CESL) is the most ambitious European legislative intervention to date in the field of contract law. CESL introduces new elements into the consumer contract international private law system by means of special legal provisions regarding international consumer contracts and by giving the traditional paradigm followed by art. 6 Rome I Regulation a significant shift, safeguarded by the enhanced level of consumer protection offered by CESL and triggered by all the social, economic and technological changes Europe is facing nowadays. This paper aims at revising CESL´s terms of applicability insofar as consumer contracts are concerned, paying due attention to the special regime the Proposal for a CESL advances for the selection of the optional instrument. Its analysis prompts a due warning that the proposal fails to reach all its objectives, and that certain aspects related to its applicability to consumer contracts can be improved.