Mercado digital y protección del consumidor: a propósito de la Directiva 770/2019 y su transposición al ordenamiento jurídico español
La Directiva 770/2019, relativa a algunos aspectos de los contratos de suministro y contenidos digitales ha supuesto un importante paso en relación con la
unificación del Derecho de contratos en la Unión Europea y la protección de los consumidores en el Mercado Digital. En ella se consagra, por primera vez, una regulación específica en materia de incumplimiento y remedios puestos a disposición del consumidor de contenidos y servicios digitales, con el objetivo fundamental de unificar las legislaciones nacionales, reforzando así el Mercado Europeo Digital. Esta norma ha sido recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que ha modificado el TRLGDCU para adaptarlo a esta nueva regulación. En este trabajo se analizan las principales novedades de la citada normativa, resaltando sus carencias y sus virtudes, con el fin de comprobar cuáles son los principales pasos dados por el legislador en orden a proteger los intereses del consumidor.
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Digital market and consumer protection: Directive 770/2019 and its transposition into the Spanish legal system
Directive 770/2019, pertaining to certain aspects of digital content and supply contracts, is an important step in relation to the unification of Contract Law in the European Union and consumer protection in the Digital Market. This Directive enshrines for the first time a specific regulation on non-compliance and remedies made available to the consumer of digital content and services, with the fundamental objective of unifying national legislation, thereby strengthening the European Digital Market. This rule has recently been incorporated into our legal system by means of Royal Decree-Law 7/2021, of 27 April, which amends Spain’s TRLGDCU consumer protection legislation in line this new regulation. This paper analyses the main novel aspects introduced by the new legislation, pointing out its shortcomings and its virtues, to ascertain the main steps taken by the legislator to protect the interests of the consumer.