Libertad de Contratación, Orden Público y sus repercusiones en el marco de la Arbitrabilidad
El principio de la libertad de contratación permite que los particulares decidan con quién contratar, cuál será el objeto del contrato, cómo será regulada esa relación contractual e, incluso, cómo serán solucionadas o resueltas las diferencias que pudieran llegar a surgir entre las partes contratantes. El arbitraje, por ejemplo, ha ganado una marcada aceptación como medio de solución de conflictos, pero existen ciertas materias que, por razones de orden público, no pueden ser resueltas mediante arbitraje. Dentro de la Unión Europea, la inarbitrabilidad de un conflicto está regulada de acuerdo con las leyes de cada uno de los Estados Miembros. En consecuencia, conflictos que no son arbitrables con arreglo a lo que establecen las leyes de un Estado Miembro podrían o podrían no ser arbitrables a tenor de lo que disponen las leyes de otro Estado Miembro, cuestión que termina siendo contraria al concepto de unificación y armonización del Derecho Contractual Europeo, y en particular, a la idea de un orden público europeo que le permita a los ciudadanos someter sus conflictos por ante un árbitro. Esta investigación aporta una breve y sin embargo completa explicación de la noción de orden público al ser relacionada con el principio de la libertad de contratación y el derecho que tienen los ciudadanos europeos a solucionar sus conflictos mediante arbitraje.
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Freedom of Contract, Public Policy and their repercussions on the framework of Arbitrability
The principle of freedom of contract allows parties to decide who to contract with, what type of contract will best meet their interests, on what terms to contract, and also, how to settle or resolve the conflicts arising out of or in connection with the contract. Arbitration, for instance, has gained widespread acceptance as a means of settling disputes, but as a matter of fact there are certain matters that, for public policy reasons, are not capable of settlement by arbitration. Within the European Union, the non-arbitrability of conflicts is governed by the laws of every Member State. As a result, conflicts that are not arbitrable under the laws of one Member State may or may not be arbitrable in accordance with the laws of another Member State, which is contrary to the ongoing concept of unification and harmonisation of European contract law, and in particular, to the idea of a single European Public Policy that allows citizens to submit their conflicts to arbitration. This paper provides a succinct yet complete analysis of the notion of public policy in relation to the principle of freedom of contract and the European citizens’ right to settle their conflicts in arbitration.