Derechos procesales de los menores extranjeros: un estudio de su aplicación práctica en la justicia penal

A partir del año 2000 el Consejo de la Unión Europea puso en marcha un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales en los procedimientos penales dentro de la Unión Europea. Tres de estas medidas, la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, de la Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales y de la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, se han traspuesto ya al ordenamiento jurídico español, a través de dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y han empezado ya a aplicarse. Con el objetivo de conocer cuál es el grado de implementación de estas directivas en relación con el colectivo de los menores extranjeros, se ha desarrollado una investigación comparada entre cinco países que, empleando una metodología de investigación común, han tratado de identificar cómo se ha realizado la transposición de la normativa europea en cada país y cómo se está aplicando. Los principales resultados de la investigación realizada en España se presentan en este trabajo.
Since the year 2000, the European Council adopted a programme of measures to enhance the protection of individual rights. Spain has transposed three of these measures Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, Directive 2012/13/EU on the right to information in criminal proceedings and Directive 2013/48/EU on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty. In order to determine how these rights are being implemented, a comparative research was developed in 5 EU Member States with a common research methodology. Findings from the Spanish research were presented in this paper.