2.11

El cierre de Guantánamo
El difícil equilibrio entre voluntad política, legalidad y opinión pública

El establecimiento de un centro de detención en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo respondió a la necesidad de dependencias específicas para acoger al ingente número de prisioneros que la “guerra contra el terrorismo” estaba generando. En sus años de vida, esa prisión ha sido el escenario de prácticas contrarias a los más esenciales derechos fundamentales, abusos que fueron reconocidos incluso de forma oficial y que provocaron un rechazo unánime hacia este símbolo de la ignominia. Haciéndose eco de ese clamor generalizado, en enero de 2009 el Presidente Barack Obama ordenó que se procediera al cierre de dichas instalaciones en el plazo máximo de un año. Agotado dicho plazo, la clausura no ha tenido lugar, pues la puesta en práctica de dicha decisión se ha revelado más compleja de lo inicialmente previsto. Así, es preciso encontrar un país de acogida para aquellos internos que deben ser liberados, toda vez que se descarta su entrada en territorio norteamericano. En cuanto al enjuiciamiento de los que han de enfrentarse a cargos penales, es susceptible de llevarse a cabo por órganos civiles o militares, variando de forma significativa las garantías procesales existentes en cada foro. Por último, existe un número importante de prisioneros a los que se pretende mantener privados de libertad de forma indefinida y sin cargos, invocando una potencial peligrosidad sólo indiciariamente constatada, lo que lleva a cuestionar la justificación de dicha medida.

The Closure Of Guantanamo: The Difficult Balance Between Political Will, Legality And Public Opinion

The establishment of a detention center in Naval Base of Guantanamo Bay responded to the need for specific units to accommodate the huge number of prisoners that “war on terror” was generating. In its lifetime, that prison has been the scene of practices contrary to the most basic fundamental rights, including abuses that were officially recognized and that provoked a unanimous rejection to this symbol of shame. Echoing the widespread clamor, in January 2009 President Barack Obama ordered the closure of such facilities within a maximum period of one year. Exhausted that period, the closing has not occurred since the implementation of that decision has proved more complex than initially anticipated. Therefore, it must find a host country for those inmates who should be released, since discarded their entry into U.S. territory. For the prosecution of those who have to face criminal charges, is likely to be performed by civilian or military tribunals, significantly varying due process in each forum. Finally, there is a significant number of prisoners who aims to keep detained indefinitely without charges, citing a potential hazard observed only circumstantial, which brings into question the justification for this action.

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Marcos Loredo Colunga, «El cierre de Guantánamo. El difícil equilibrio entre voluntad política, legalidad y opinión pública», InDret 2.11