La regulación de los contratos en serie ha utilizado desde su nacimiento una esencial herramienta jurídica convertida finalmente en la principal y más empleada técnica jurídica de protección a los contratantes adherentes: la información contractual obligatoria.
Pero a partir de la realización de estudios y análisis empíricos se viene evidenciando desde hace años el fracaso de la información obligatoria como elemento de reequilibrio. Los motivos de esa quiebra se encuentran no sólo en una determinada manera de utilización real o de materialización de la información contractual, sino también y sobre todo en el propio destinatario de la información (el adherente) que sorprendentemente no la lee por razones diversas que se abordan en el trabajo. El modo y el estado en que el consumidor se enfrenta a la información de los datos contractuales están en la raíz de esa falta de lectura.
La cantidad y la complejidad de los mismos y su peculiar lenguaje son fenómenos que no están pasando desapercibos ni por la doctrina ni por el propio legislador, que ha iniciado un camino hacia la simplificación de las informaciones obligatorias que los profesionales han de transmitir.
La información obligatoria sin embargo no sólo se revela como instrumento ineficiente sino también entorpecedor de la función que otras herramientas de protección al consumidor están llamadas a realizar.

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The consumer ignores the content of its contract. The non-reading in standar-form contracts

Since its inception, the regulation of standard-form contracts has used an essential legal tool that has finally become the main and most widely used legal technique to protect the consumer: mandated disclosures.
However, based on empirical studies and analyses, the failure of mandated disclosures as an element of rebalancing has been evident for years. The reasons for this failure can be found not only in a certain way of actual use or materialization of contractual information, but also and above all in the addressee of the information (the adherent) who surprisingly does not read it for various reasons that are dealt with in this article. The manner and state in which the consumer deals with the information in the contract particulars is at the root of that lack of reading.
The quantity and complexity of these data and their peculiar language are phenomena that are not ignored either by the doctrine or by the legislator itself, who has embarked on a path towards simplifying the obligatory information that professionals must transmit.
However, mandated disclosures have not only been revealed as an inefficient instrument but also a hindrance to the function that other consumer protection tools are called upon to perform.