InDret no tiene una opinión definida sobre dónde hay que estudiar derecho en este país, acaso porque quienes cumplirán este otoño quince años editándola creemos que los jóvenes candidatos universitarios pueden graduarse cumplidamente en muchas facultades españolas, desparramadas por todas sus provincias.
Y es que, desde su fundación en 1999, nuestra revista nació con la entonces escasa cualidad de la ubicuidad: en 1999 y en 2014, usted nos ha podido y sigue pudiéndonos leer desde cualquier parte. Y no solo a nosotros, sino a los mejores del mundo –SSRN, solo por ejemplo, está abierto a todo el mundo–.
Estas cosas nos parecen obvias hoy. No lo eran entonces, hace quince años. Recuerdo la prevención de muchos, la plena seguridad de quienes afirmaban que el papel seguiría siendo siempre la materia prima del derecho y de la ciencia jurídica. No conviene insistir en lo obvio, pero no estará de más recordar aquí la cantidad de recursos que, en los últimos quince años se han desperdiciado por negarse a ver aquello que, a ojos de cualquier observador razonable, iba a ocurrir sin remedio: la revolución digital.
Valga la anécdota por lo que hoy, en 2014, voy a defender en esta revista: hay que aligerar la carrera de derecho, debe reducirse su duración. Me explico. En España, hoy, para ser abogado, se requiere un grado en derecho, 240 créditos, que son cuatro años de facultad, más un máster obligatorio de otro año de duración, y un examen final.
No hace falta el quinquenio, no al menos tal y como está organizado: la carrera de derecho podría estudiarse en tres cursos y el máster debería dejar de ser obligatorio para pasar a ser opcional, aunque, eso sí, habría que ser muy exigente con el nivel del examen final. Calculo que, así, podríamos abaratar al menos en un 20% el coste de los estudios de derecho. En beneficio de nuestros hijos. Del país entero. Imagínese los InDrets, los lugares del derecho, que cabría organizar con una mínima fracción de los recursos ahorrados si la reforma que propugnamos se llevara a la práctica. Y, nótese bien: no propongo que la reforma sea obligatoria, sino simplemente que se deje a las universidades que así lo deseen ofrecer un grado de derecho de tres años de duración y que se suprima la obligatoriedad del máster: ¿Es que hay que cursar algún máster obligatorio para ser abogado del Estado, juez, fiscal, notario o registrador de la propiedad?. ¿Es que, en medicina, al MIR solo se puede presentar quien haya cursado un máster?
Es más, creo que quienes ya dispusieran de un grado universitario, de cualquier grado que no fuera el de derecho mismo, deberían poder cursar estos estudios en dos años, siempre con la posibilidad de un máster opcional posterior y un último buen examen final, un bar exam, por ejemplo.
Ese es el espíritu de InDret: una revista de análisis del derecho que se fundó con el ánimo de soldar el derecho con el resto del conocimiento científico y humanístico, una revista que fue diseñada para los juristas que construyen su discurso sobre el estado de los conocimientos, nunca a su margen ni, mucho menos, en su contra. Una revista, además, que no alzó barreras a nadie, que se publica en abierto y sin cargo –aunque no sin coste- desde su buen principio.
Por esto, que no es poco, defendemos aquí que urge abrir los estudios de derecho, ponerlos al alcance de más y más estudiantes que no han de seguir viéndose obligados a encerrarse cinco años en una sola facultad, cautivos de sus profesores, solo porque algunos de estos –pocos ya- siguen creyendo que derecho requiere un lustro de esfuerzo monotemático. No es verdad: les emplazo a ustedes dentro de otros quince años para que, en el año de gracia de 2029, digan a mis sucesores si estudiar derecho en tres años no es una obviedad.
Pablo Salvador Coderch