Tradicionalmente en España la corrupción ha sido un problema social de segundo orden tanto para la ciudadanía como para el legislador. Esto se ha reflejado en las escasas cifras de enjuiciamiento y condena por estos delitos. La ausencia de este tipo de datos se puede explicar por diferentes motivos, pero, principalmente, por la existencia de una corriente jurisprudencial que ha empleado determinados argumentos para evitar a toda costa sancionar a este tipo sujetos. Uno de los más empleados por los jueces penales ha sido el de los principios de la intervención mínima, concretamente, el del principio de subsidiariedad o ultima ratio. Así, los tribunales han eximido de responsabilidad a funcionarios criminalmente responsables afirmando la escasa gravedad de la conducta o la suficiencia de las instancias extrapenales para hacer frente de forma eficaz al comportamiento cometido. Sin embargo, tras el periodo de recesión económica, la conciencia sobre la dañosidad que irrogan estos delitos ha aumentado considerablemente, lo que ha dado lugar a que los tribunales hayan empezado a abandonar este razonamiento. Dicho esto, el objetivo del presente trabajo es exponer cómo ha evolucionado este argumento en los últimos años en la doctrina y en la jurisprudencia y apuntar algunos reproches que se le pueden formular desde un punto de vista dogmático y político-criminal.

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The principle of minimum intervention as an argument to acquit from corruption offenses. Dogmatic and political-criminal criticism

Traditionally in Spain corruption has been a social problem of the second order for both citizens and legislator. This has been reflected in the low data of prosecution and conviction for these crimes The absence of this type of data can be explained by different reasons, but mainly by the existence of a jurisprudential stream that used certain arguments to avoid to sanction these individuals. One of the most used by criminal judges has been the principles of minimum intervention, specifically, the principle of subsidiarity or ultima ratio. Using this reasoning, the courts have exempted public officials affirming the low severity of the conduct or the sufficiency of the extra criminal instances to deal effectively with the behavior committed. However, after the period of economic recession, the awareness of the damage inflicted by these crimes has increased considerably, which has led to the courts have begun to abandon this reasoning. Having said that, the objective of this paper is to show how this argument of minimum intervention has evolved and to make a dogmatic and politicalcriminal criticism.