Alemania, el país más rico de Europa, cuenta con 44 facultades de derecho[i]; Italia, el más hermoso, con 58[ii]; y Francia, el más influyente en el nuestro, con 68[iii]. ¿Y España? Pues España, el país con mayor índice de paro de la Eurozona, tiene 73[iv], casi el doble que Alemania. O estamos exportando los mejores juristas de Europa Occidental o estamos haciendo las cosas mal.
Desde luego, hay índices que muestran cómo la enseñanza del derecho en España se ha internacionalizado en gran medida en los últimos diez o doce años, o cómo muchos de nuestros estudiantes y profesores son mucho más productivos ahora que entonces, pero se mire como se mire, no somos, jurídicamente hablando, juristas más cultos y productivos que los alemanes, los italianos o los franceses. Y además, el número de nuestros estudiantes ha disminuido mucho: cuando fundé InDret, en 1999, había en España 171.191 estudiantes matriculados en las facultades de derecho de nuestras universidades[v]. Diez años después, en el curso 2009-2010, su número se había reducido casi a la mitad, 89.555[vi].
Así, no necesitamos más facultades de derecho que cualquier otra nación europea comparable a la nuestra, pues somos un país menos rico y menos poblado que los tres que llevo citando y estamos enseñando leyes a la mitad del número de estudiantes de los que teníamos hace diez o doce años. Se impone una reestructuración de la enseñanza del derecho. Podemos aprovechar la ocasión para renovarla hasta los tuétanos.
En otro lugar (Addenda, primavera de 2011 (1)), he propuesto dos medidas que ahora resumo: de las 73 facultades de derecho actuales, podríamos pasar a 49 en cinco años. ¿Cómo? Podríamos cerrar dos docenas de ellas (24) a cambio de crear doce (12) nuevas pero solo de postgrado y de tres años de carrera; también podríamos reagrupar otras doce (12) con otros estudios preexistentes (así, con Economía y Administración de Empresas, Ciencias Políticas, Humanidades, Filologías, Ciencias, Tecnologías, Relaciones Laborales, etc.).
La primera medida, refundar facultades de derecho de postgrado y tres años de carrera, es la más difícil de realizar, pero también es la más tentadora: nuestras autoridades centrales podrían rediseñar las bases de la enseñanza del derecho para permitir a las universidades que así lo quisieran ofrecer un ciclo de postgrado de tres años de duración (incluido el master de acceso a la abogacía) y abierto a cualesquiera graduados universitarios que no lo fueran en derecho. Sería algo así como el actual sistema de doble licenciatura, uno de los logros más notables de la universidad española de la pasada década, pero en vez de simultanear estudios, como hasta ahora, los dos grados serían sucesivos. Ayudaría mucho si, paralelamente, se flexibilizara el sistema de Bolonia y pasara de su rígido grado único de cuatro años a admitir grados de tres. De este modo, podríamos ofrecer grados dobles de seis o siete años y muchos de nuestros juristas serían más cultos, estarían mejor formados que en la actualidad. Algo parecido funciona en Inglaterra, que, supongo, no es el peor ejemplo comparado posible.
La segunda medida, fusionar el grado de derecho con otros, es mucho más sencilla de implementar. El gancho de la doble licenciatura, ahora doble grado, y la naturaleza preponderantemente profesional de las enseñanzas de derecho, facilitarían las cosas. Los franceses cuentan con enseñanzas mixtas desde hace muchísimos años y nada parece indicar que las cosas les hayan ido mal. De hecho, algunas universidades, como la Universitat Pompeu Fabra, han fusionado la estructura administrativa y departamental de sus facultades de derecho con las de relaciones laborales y criminología sin más problemas que el muy triste de dejar fuera de sus murallas a candidatos a estudiar derecho bastante mejores que los que ingresan en las enseñanzas absorbidas por mi facultad de derecho, aunque temo que este problema es propio y exclusivo de mi universidad, pues la mayor parte de las restantes facultades españolas de derecho no tienen nota de corte en selectividad o la tienen muy baja. En todo caso y en todo el país, hay que hacer de la necesidad virtud y reasignar recursos antes de que se nos lleve el viento de la Historia, siempre implacable con quienes no saben maniobrar a tiempo.
Sé que los cambios propuestos son revolucionarios y que nuestras facultades son tremendamente conservadoras o, si se prefiere, justamente gremiales. Reformas de calado requieren que nuestras autoridades educativas y académicas resuelvan poner en práctica políticas de demanda, no de oferta, como demasiadas veces, durante demasiado tiempo y en demasiados lugares han hecho hasta ahora. Dios quiera que alcen la vista, que caigan en la cuenta de lo que hay: tenemos 73 facultades de derecho. Más que Francia, más que en Italia, más que en Alemania. Es hora de cambiar. Modifiquemos el rumbo antes de que el viento se vuelva huracán.
Pablo Salvador Coderch
Senior editor
[i] Wikiversity, Liste der juristischen Fakultäten in Deutschland (última actualización: 7.2.2012).
[ii] Centro Estudi Orientamento, Indice delle facoltà universitarie italiane (última actualización: 2011).
[iii] Wikipédia, Unités de formation et de recherche de droit en France (última actualización: 17.2.2012), y Etudinfo, 2012.
[iv] INE, Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2009-2010 (fecha de publicación: 31.5.2011). Otras fuentes cifran el número de facultades de derecho en 68 (portal web de cada universidad española). La diferencia se debe a circunstancias tales como que el INE tiene en cuenta como “centros” también a los privados y adscritos a una universidad; por ejemplo, los 6 de la Universidad Complutense de Madrid (Colegio Universitario Cardenal Cisneros, Centro Universitario Villanueva, Instituto de Estudios Bursátiles, Colegio Universitario de Estudios Financieros, Real Centro Universitario Escorial – María Cristina y la propia UCM), los 2 de la Universidad de Cádiz (sedes de la Facultad de Derecho en Jerez de la Frontera y Algeciras) o los 2 de la Universidad Cardenal Herrera-CEU (sedes de la Facultad de Derecho, Empresa y Políticas en Valencia y Elche). El criterio seguido en el texto ha sido el de incluir todos los centros en los cuales se puede estudiar la Licenciatura o Grado en Derecho completos.
[v] INE, Estadística de la Enseñanza Superior en España. Curso 1999-2000 (fecha de publicación: 30.5.2002).
[vi] INE, Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2009-2010 (fecha de publicación: 31.5.2011).