Una mirada crítica a la unidad de fuero de la responsabilidad patrimonial de la administración y sus excepciones: los anteojos de un procesalista
Recepción
03/03/2025Aceptación
17/07/2025
Desde 1998 la posibilidad de exigir responsabilidad extracontractual a la Administración al margen del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es muy limitada (proceso penal, acción directa contra la aseguradora), además de haberse excluido la acción del perjudicado contra el personal al servicio de la Administración. En este trabajo se sostiene que la obligación de acudir en todo caso ante el orden contencioso-administrativo ha convertido, en ocasiones, el derecho de los ciudadanos contenido en el art. 106.2 CE, en un privilegio sustantivo y procesal de la Administración No existe justificación para su extensión más allá de la derivada de la prestación de los servicios públicos (entendidos en sentido amplísimo), puesto que, por su naturaleza, en la resultante de las relaciones de derecho privado no hay ningún criterio de imputación singular diferente a la responsabilidad extracontractual civil. También se cuestiona la forma empleada para suprimir la exigencia de responsabilidad al personal de la Administración y el intento de excluir la RPA cuando se trata de sociedades mercantiles estatales o de que la acción directa contra la aseguradora sea conocida por el orden contencioso-administrativo.
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A critical look at the unity of the jurisdiction of the extra-contractual liability of the State and its exceptions: the point of view of a proceduralist
Since 1998, the possibility of claiming extra-contractual liability of the State outside the Administrative Courts is very limited (criminal proceedings, suing the insurer directly), in addition suing government employees is excluded. This paper argues that the obligation to sue in any case before the Administrative Courts has, sometimes, turned the right of citizens contained in art. 106.2 CE into a substantive and procedural privilege of the State. However, there is no justification for its extension beyond that derived from the provision of public services, since, by its nature, in that resultant from private law relations there is no singular criterion of attribution different from civil tort liability. Also questioned is the way used to eliminate the requirement of liability from government employees and the attempt to exclude the State´s liability in the case of state-owned commercial companies or that the insurer should be sued in the Administrative-Courts.