El procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias firmes en la jurisdicción civil: obstáculos para su eficacia
Recepción
07/02/2026Aceptación
09/03/2026
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, introdujo, entre otras medidas de eficiencia en procesos civiles sobre condiciones generales de la contratación, la del procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias, pensadas para reducir la litigación en masa (en especial los procedimientos sobre nulidad por abusividad de condiciones generales de la contratación) y la carga de trabajo de los tribunales así como para conseguir una homogeneidad en las respuestas judiciales ante casos sustancialmente idénticos. Sin embargo, transcurridos casi dos años desde su entrada en vigor, dichas figuras apenas están siendo utilizadas en la jurisdicción civil, y lo serán mucho menos si se aprueba en sus términos el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Así las cosas, el presente trabajo tiene por objeto analizar los escollos que actualmente pueden estar impidiendo el uso y justificando la ineficacia de dichas medidas, u obstaculizarlo en el futuro.
Sólo si identificamos tales obstáculos será posible proponer medidas de lege ferenda para combatirlos -como hacemos en este trabajo- y así poder lograr instituciones realmente eficaces y eficientes, siempre dentro del marco del Derecho de la Unión Europea y la Constitución Española.
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The model procedure and the extension of effects of final judgment in the civil jurisdiction: barriers for their effectiveness
Royal Decree-Law 6/2023, of December 19, introduced, among other efficiency measures in civil proceedings concerning standard contract terms, the test case procedure and the extension of the effects of judgments. These measures were designed to reduce mass litigation (especially proceedings concerning the nullity of standard contract terms due to their unfairness) and the workload of the courts, as well as to achieve consistency in judicial responses to substantially identical cases. However, almost two years after its entry into force, these mechanisms are hardly being used in civil jurisdiction, and will be used even less if the Bill on collective actions for the protection and defense of the rights and interests of consumers and users is approved in its current form.
Therefore, this paper aims to analyze the obstacles that may be preventing their use and justifying their ineffectiveness, or hindering their use in the future.
Only by identifying these obstacles it will be possible to propose measures de lege ferenda to adress them—as this paper seeks to do—and thus achieve truly effective and efficient institutions, always within the framework of the Spanish Constitution.