Frente a la superpoblación carcelaria, mayor uso del régimen abierto

Hace unas semanas se publicó en El País la noticia de que “Cataluña planea hasta 700 plazas nuevas de cárcel en módulos ante el aumento de presos” (Cordero, 2026). El artículo advierte que la capacidad del sistema penitenciario catalán es de 10.014 personas y que en la actualidad hay 9.583 (un “aumento de 1.900 personas en los últimos cuatro años”), para lo cual se prevé la construcción de módulos prefabricados en centros penitenciarios en los cuales exista espacio para ello. También en el conjunto de la Administración General del Estado en 2024 se ha producido un incremento de 1.481 internos respecto de 2023 (SGIP, 2024).

¿Qué problemas conlleva el aumento de la población en prisión?

El incremento de la población carcelaria en ocasiones es celebrado como un triunfo de la administración de justicia, como un indicador de mayor eficacia estatal o como una respuesta positiva a las -presuntas- demandas de la población. Sin embargo, los gobernantes son también plenamente conscientes de que ese aumento representa un potencial retorno a viejos problemas conocidos. Entre ellos, la necesidad de destinar cuantiosos recursos a la construcción y el mantenimiento de un centro penitenciario cerrado; el riesgo de la masificación de la prisión y, por lo tanto, de que las celdas diseñadas para una persona deban ser ocupadas por dos o tres internos; las enormes dificultades que afrontan los profesionales que trabajan en un centro sobrepoblado; y la posible intensificación de los conflictos y la violencia entre los presos.

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