La prueba preconstituida ha recibido especial atención en las últimas décadas por sus aportes al proceso penal y su función protectora con los menores de edad. No obstante, también ha sido objeto de críticas, especialmente de índole procesal, que han puesto en cuestión su asentamiento en el contexto español. En 2021, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la figura fue reformada, lo que ha motivado un estudio cualitativo para analizar si la nueva regulación ha modificado la percepción de los operadores judiciales y, al mismo tiempo, evaluar si las ventajas y limitaciones identificadas encuentran respaldo en la práctica
judicial, considerando la experiencia directa de quienes intervienen en el proceso penal con niños y adolescentes. A partir de los hallazgos obtenidos, se proponen recomendaciones orientadas a optimizar el uso de la prueba preconstituida, integrando la protección de la infancia y la adolescencia con los estándares del proceso penal.

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Preventing secondary victimization of underage victims through prerecorded evidence: the perspective of a sample of judicial operators

Pre-recorded evidence has received special attention in recent decades due to its contributions to criminal proceedings and its protective role for minors. However, it has also been the subject of criticism, especially of a procedural nature, which has called into question its establishment in the Spanish context. In 2021, following the approval of the Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, the figure was reformed, prompting a qualitative study to analyze whether the new regulation has changed the perception of judicial operators and, at the same time, to assess whether the advantages and limitations identified are supported by judicial practice, considering the direct experience of those involved in criminal proceedings with children and adolescents. Based on the findings, recommendations are proposed aimed at optimizing the use of pre-established evidence, integrating the protection of children and adolescents with the standards of criminal proceedings.