El pasado 20 de junio, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América
(www.supremecourtus.gov) resolvió la reclamación que el Estado de Utah había presentado
contra Donald L. Evans, secretario de la Oficina de Comercio del Gobierno de ese país y
máximo responsable de la Oficina del Censo (www.census.gov). El caso, Utah vs. Evans,
despertó una encendida polémica en el máximo órgano judicial de la primera nación del
mundo y evidencia algo que, a estas alturas, no será una sorpresa para los lectores habituales
de InDret: la mayoría de los problemas que afectan a los hombres y las mujeres de las
sociedades modernas ya no pueden resolverse con las herramientas del análisis jurídico
clásico. El jurista necesita una formación en otras ciencias sociales, señaladamente la economía,
que le permita dar respuesta cabal a problemas como el que plantea el caso que ahora
comentamos.
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Carlos Gómez Ligüerre, «Utah v. Evans. », InDret 4.02